¿ACTIVISMO JUDICIAL O SUPREMACÍA DE LA LEY?: EL LÍMITE DE UN AÑO EN LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL PERÚ

Resumen

Este artículo aborda el debate jurídico surgido en torno a la Ley N.º 31751, vigente desde mayo de 2023, que establece un plazo máximo de un año para la suspensión de la prescripción de la acción penal en el Perú. La norma, concebida para asegurar mayor certeza jurídica, ha provocado respuestas encontradas en el ámbito judicial, especialmente tras el Acuerdo Plenario Nº 5-2023/CIJ-112, que intentó expandir su interpretación mediante criterios judiciales cuestionados por su activismo e inseguridad jurídica. El objetivo de esta investigación es determinar la constitucionalidad y legalidad del límite temporal impuesto por dicha ley, evaluando si su aplicación garantiza el respeto a los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia e independencia judicial. Se adopta un enfoque cualitativo, sustentado en el análisis doctrinal (Mir Puig, 2013; Binder, 2016), normativa penal vigente, y jurisprudencia reciente como la STC Nº 174-2024-PHC/TC del Tribunal Constitucional, que ratifica la validez del límite temporal. Los resultados muestran que el plazo de suspensión fijado por la ley no solo es constitucional, sino necesario para evitar una persecución penal indefinida. Asimismo, se concluye que las interpretaciones expansivas promovidas desde algunos sectores jurisdiccionales contradicen el principio de legalidad y debilitan la seguridad jurídica. Se propone reforzar la aplicación estricta de la Ley N.º 31751 y fomentar una línea jurisprudencial coherente y respetuosa del Estado de Derecho. El estudio es relevante para jueces, fiscales, defensores, legisladores y académicos comprometidos con una justicia penal efectiva y equilibrada.